Sida, prejuicios y discriminación

AFP
América Latina, presa de prejuicios contra homosexuales, una discriminación latente contra pacientes de VIH-sida y problemas en la distribución de medicamentos para la enfermedad, albergará por primera vez la conferencia mundial sobre sida, del 3 al 8 de agosto en la Ciudad de México. Según las últimas cifras de Onusida, en América Latina viven 1,7 millones de seropositivos y si bien la mayoría de los países cuenta con leyes contra la discriminación hacia los enfermos de sida, no contemplan sanciones. La excepción sigue siendo Cuba, donde los seropositivos son internados y confinados en unidades hospitalarias especializadas, política que, a decir de las autoridades, ha permitido controlar la epidemia. Algunos seropositivos pueden llevar una vida normal en Cuba luego de que su caso es sometido a una comisión pluridisciplinaria que decide si representan o no ""un peligro social". Los casos de discriminación se multiplican por toda la región. En Nicaragua, Julio Mena, un ex militar sandinista contrajo el VIH en una improvisada transfusión en las montañas. Después de retirarse del Ejército, fue empleado en la recaudación fiscal y despedido por ser seropositivo. El caso de Carlos Cardinalli, un ex contable de 49 años, será el primero que será analizado por la Suprema Corte de Argentina en un juicio por discriminación laboral. En México, en 2007 el caso de los 11 militares que fueron despedidos del Ejército por ser seropositivos llegó hasta la Suprema Corte, que determinó que el VIH-sida no es causal de retiro de las Fuerzas Armadas. Además de la discriminación, América Latina enfrenta el problema de abastecimiento y acceso gratuito a tratamientos contra el sida. En México, que cuenta con una ley de acceso gratuito a tratamientos contra el sida, las autoridades de salud denuncian que los laboratorios les venden los fármacos hasta cuatro veces más caros que al resto de la región. En Perú también persisten los problemas de abastecimiento y lentitud en la entrega de medicamentos, mientras que en Colombia, muchos enfermos han tenido que recurrir a los tribunales para tener acceso a los fármacos que distribuyen los servicios de salud
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