Una persona con discapacidad fue expulsada de un centro de estudios; un ciudadano no pudo ingresar a una discoteca por su color de piel; un niño fue expulsado de su escuela por tener una orientación sexual distinta. Estos son algunos casos de personas que han llegado hasta las diversas oficinas de la Defensoría del Pueblo en el país en busca de ayuda para que sus derechos no sean vulnerados, para que no sean discriminados. La discriminación es aquel trato diferenciado basado en motivos prohibidos por la ley, que tiene por objeto o como resultado anular o menoscabar el ejercicio o goce de derechos y libertades fundamentales de una persona o grupo de personas. Así, los actos de discriminación provienen de un prejuicio negativo que se tiene, lo cual hace que los miembros de un grupo sean tratados como seres no sólo diferentes, sino inferiores, lo que evidentemente resulta irracional. Tales actos, entonces, vulneran la esencia del ser humano, limitando el ejercicio de los derechos que les son inherentes. Sin embargo, aún el Estado no ha adoptado políticas públicas integrales que permitan superar esta problemática y, por el contrario, en algunos casos, su acción contribuye a que las desigualdades se mantengan. Por ejemplo, la actual previsión del gasto y asignación de prioridades en educación, salud, transporte público, agua potable y saneamiento no permiten que las poblaciones de zonas rurales, indígenas y pobres del país accedan adecuadamente al disfrute de estos derechos. La discriminación se manifiesta de manera cotidiana cuando se excluye a personas con determinadas características. Las prácticas discriminatorias contra las mujeres, los descendientes de pueblos originarios, los homosexuales y lesbianas, la población afrodescendiente y las personas con discapacidad, son usuales en distintos espacios de la sociedad en nuestro país, incluida nuestra región. Así, cuando se discrimina a un ciudadano o ciudadana que pertenece a alguno de estos grupos, no se discrimina sólo a aquel, sino a todos los ciudadanos del mismo grupo, al cual no se le juzga por sus méritos y acciones, sino por los prejuicios que la sociedad generaliza al grupo de manera injustificada. Por dicho motivo, la Defensoría del Pueblo ha presentado el Documento de Trabajo Nº 2, “La discriminación en el Perú: Problemática, normatividad y tareas pendientes”, constituyéndose en el primer esfuerzo de una institución del Estado por abordar de manera integral la problemática de la discriminación, exponiendo casos concretos, analizando las normas vigentes y evaluando la actuación de las distintas instituciones del Estado. Dicha investigación analiza 67 casos de discriminación conocidos e investigados por la Defensoría del Pueblo en el periodo comprendido entre enero del 2006 y mayo del 2007, lo que equivale a una pequeña muestra de lo que en realidad sucede en nuestro país. Del total de casos de discriminación, dieciocho se basan en razones de discapacidad, al subsistir la carencia de facilidades y falta de condiciones adecuadas para que puedan desarrollarse plenamente y ejercer sus derechos. En muchos casos barreras físicas, urbanas y arquitectónicas, obstaculizan la libre circulación de manera libre, autónoma y segura por los espacios públicos y las edificaciones, limitando así su acceso a bienes y servicios. La Defensoría del Pueblo ha recibido quejas sobre actos de discriminación por discapacidad en instituciones educativas y centros de trabajo, ante lo cual ha intervenido. Quince casos se han basado en el sexo de las personas, siete en la raza y/o identidad étnica, seis en la indumentaria, cinco en la edad y tres en la orientación sexual, entre otros. Por otro lado, los casos registrados están referidos a presuntas conductas discriminatorias en el ámbito educativo, laboral, en la administración pública, en las relaciones de consumo y en el sector salud. La intolerancia expresada mediante la discriminación contribuye a un proceso de exclusión que da como resultado la percepción de la discriminación como un modo natural de descartar a determinadas personas. Esto da como resultado que se construya un imaginario social centrado en la exacerbación de la superioridad de determinadas identidades étnicas o raciales, modelos culturales, estéticos y religiosos. En el mismo sentido, la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, de manera tal que nadie pueda ser discriminado por ningún motivo. Por ello, existen distintas normas que sancionan la discriminación en los ámbitos administrativo y penal, por lo que cualquier persona que se sintiera discriminada puede acudir a las autoridades para que los responsables sean sancionados de acuerdo a ley. La lucha contra la discriminación debe formar parte del debate público a fin de que se elaboren políticas públicas correctamente orientadas y se sumen todos los esfuerzos institucionales y de la sociedad en su conjunto a fin de conseguir su total erradicación de nuestra región y de nuestro país.
SERGIO MEZA SALAZAR (Jefe de la Oficina de la Defensoria del PuebloTacna-Peru)
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